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Real Decreto 993/2014 por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación
30-12-2014 | Legislación

La exportación de productos agrarios de origen animal es vital para la economía
española.
Los países importadores establecen requisitos sanitarios a los que deben ajustarse
nuestras exportaciones. Corresponde a la Administración General del Estado garantizar
ante los terceros países el cumplimiento de los mismos, mediante la expedición de
certificados veterinarios de exportación.
El sistema actual de certificación es complejo y no está suficientemente armonizado,
solapándose, en algunos casos, el papel de diferentes agentes que intervienen en la
cadena. Aunque se ha avanzando en la utilización de sistemas electrónicos, aún siguen
utilizándose documentos en papel.
Como consecuencia, persisten ciertas trabas a la expansión de las exportaciones
españolas de dichos productos.
El sistema de certificación requiere de una revisión con el objetivo de aclarar qué
debe certificarse, cómo y por quién; a la vez debe agilizarse, para facilitar a los operadores
las gestiones necesarias para la obtención de los certificados veterinarios de exportación.
El sistema debe respetar las competencias de las diferentes autoridades que participan
en el mismo, estableciendo mecanismos de coordinación y comunicación y evitando
solapamientos, y, a la vez, debe mantenerse y reforzarse el nivel de garantía sanitaria
que ofrece ante los países importadores.
El sistema de certificación que regula este real decreto se basará de manera
fundamental en las exigencias de los terceros países, diferenciándose entre aquéllos que
solamente prevén requisitos idénticos o asimilables a los aplicables para los intercambios
dentro de la Unión Europea de estas mercancías, y aquéllos que exigen requisitos
adicionales, sea en materia de sanidad animal o de salud pública. En el primer supuesto,
las certificaciones se basan en el propio sistema de autocontrol que los operadores ya
están obligados a llevar a cabo de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que
establece
per se
un elevado nivel de garantía sanitaria, así como en los resultados de la
actividad rutinaria de los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas, y
la información oficial disponible en las bases de datos y redes de comunicación de las
administraciones; todo ello sin perjuicio de otras exigencias establecidas por los países
importadores, como la autorización previa por el mismo en base a auditorías documentales
o físicas, supuesto habitual en el comercio internacional de estas mercancías.
La exigencia de las listas de establecimientos exportadores que se contempla en el
artículo 11, así como de los registros de usuarios del artículo 17, resulta necesaria y
proporcionada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado, al concurrir la razón imperiosa de la sanidad animal,
en concomitancia con la de salud pública.
En el segundo caso, para reforzar las garantías ofrecidas por los sistemas de
autocontrol, como quiera que para la exportación se requiere de certificados veterinarios
de exportación específicos basados en acuerdos sanitarios (ASE) y, específicamente, en
el de los alimentos de origen animal o que contengan productos de origen animal, los
operadores deberán establecer un sistema adicional de verificación, auditado
externamente, de modo que para cada envío expedido pueda evidenciarse que se han
recopilado y analizado, de manera previa a la expedición y a la emisión del certificado
veterinario de exportación, todos los datos relevantes para asegurar la correcta
trazabilidad de los productos a exportar y el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el certificado veterinario de exportación.
Se contempla el uso de la herramienta CEXGAN, por parte de los operadores
comerciales y de los organismos independientes de control, dado que se trata de
personas jurídicas, generalmente sociedades de capital o cooperativas, que dispone de
los medios electrónicos y de personal suficiente a estos efectos. De esta manera, las
comunicaciones con la Administración se agilizarán en un aspecto que demanda una
pronta actividad administrativa como es la exportación de mercancías.
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en su artículo 12, dispone que la
exportación de animales, productos de origen animal, productos zoosanitarios y productos
para la alimentación animal, cualquiera que sea su posterior destino y su inspección, se
realizará únicamente a través de los puestos de inspección fronterizos o de los centros de
inspección, recintos o puntos de salida autorizados a tal efecto por la Administración
General del Estado; que dichas mercancías deberán ser inspeccionadas, y las
inspecciones o pruebas sanitarias se realizarán en dichos puestos de inspección
fronterizos, centros de inspección, puntos o recintos y que en las exportaciones, asimismo,
las inspecciones o pruebas sanitarias también podrán iniciarse en los establecimientos de
producción autorizados a tal efecto por la Administración General del Estado, siendo en
todo caso necesaria la correspondiente autorización sanitaria para ser despachados por
las aduanas. Es preciso, por tanto, concretar la necesaria actuación de los Servicios de
Inspección Veterinaria en Frontera, emitiendo un certificado veterinario genérico o
especifico, en función de los casos, o comunicando su no intervención, como paso previo
a las actuaciones aduaneras, de manera que no se procederá a despachar la mercancía
por los Servicios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria sin esa actuación previa.
En este sentido, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Administración General del
Estado expedirán los certificados veterinarios de exportación exigidos por los terceros
países en función de cada mercancía basándose en la documentación que aporten los
operadores comerciales; en las declaraciones o certificaciones sanitarias expedidas por
los Servicios Veterinarios Oficiales de las comunidades autónomas o los veterinarios en
el ejercicio de su profesión específicamente habilitados al efecto como agentes
certificadores para actuar en este ámbito de las exportaciones, en función de cada caso,
así como en sus propias actuaciones de control.
Cuando por exigencias de un país importador se requiera la realización de otras
pruebas o controles sanitarios, previos a los realizados por los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Administración General del Estado, éstos podrán ser realizados por la
Administración directamente o a través de entidades acreditadas a estos efectos, en
función de lo que al efecto exige el tercer país.
El Reglamento (CE) n.º 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, en su artículo 12, prevé que los
alimentos y piensos exportados o reexportados de la Comunidad para ser comercializados
en países terceros deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria,
salvo que las autoridades o las disposiciones legales o reglamentarias, normas, códigos de
conducta y otros instrumentos legales y administrativos vigentes del país importador exijan
o establezcan, respectivamente, otra cosa. Y que, no obstante, cuando sean aplicables las
disposiciones de un acuerdo bilateral celebrado entre la Comunidad o uno de sus Estados
miembros y un país tercero, los alimentos y piensos exportados de la Comunidad o de
dicho Estado miembro a ese país tercero deberán cumplir dichas disposiciones.
En iguales términos se pronuncia el artículo 12 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de
seguridad alimentaria y nutrición.
Asimismo, el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21
de
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1774/2002, establece
disposiciones aplicables a la exportación de dichos subproductos.
Todos estos aspectos requieren del necesario desarrollo reglamentario, que se aborda
mediante este real decreto, que se dicta al amparo de la facultad de desarrollo normativo
prevista en la Disposición final quinta de la Ley 8/2003, de 24 de abril, y en la Disposición
final quinta de la Ley 17/2011, de 5 de julio.
Para garantizar la adecuada coordinación entre las Administraciones, se crea un
órgano específico en el seno de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición.
En la elaboración de esta disposición ha emitido su informe la Agencia Española de
Protección de Datos, y han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades
representativas de los sectores afectados.

Categoría ArchivoEnlace de descarga
Legislación > BOEBOE-A-2014-13621.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13621.pdf Descargar
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